El trabajo decente es una condición indispensable para la igualdad. Sin embargo, millones de mujeres en México siguen trabajando en condiciones de informalidad, precariedad y desprotección, aun cuando la ley reconoce sus derechos. Esta brecha entre lo legal y lo real afecta de manera particular a mujeres en sectores históricamente invisibilizados, como las jornaleras agrícolas migrantes y las trabajadoras del hogar. Estas desigualdades responden a estructuras laborales que no han incorporado una mirada de género ni de derechos humanos.

Entendemos el trabajo decente como una base para la autonomía económica, el bienestar y el ejercicio pleno de derechos. Este eje busca cerrar la distancia entre la ley y la práctica, generando entornos laborales más justos mediante la articulación entre gobiernos, empresas y sociedad civil.

Nuestro enfoque parte de lo territorial y lo concreto: acompañamos procesos para que el trabajo decente sea una realidad para todas las personas.